En septiembre de 2015 publiqué en el Periódico
“Escuela” un artículo titulado “La
incertidumbre no es educativa” donde reflexionaba sobre los aspectos
negativos que genera en la comunidad educativa la aprobación de la LOMCE, sin
que la concreción de normativa de menor rango se hiciera pública.
Más adelante, en abril de 2016, en el mismo
periódico publiqué otro “Desprecio a la
ciudadanía”, donde daba un paso adelante en mi perplejidad sobre la
situación educativa, pues pensaba que era improbable que después de tanto
tiempo la situación de incertidumbre se prolongara aún más pues aunque el Gobierno
del Estado estaba en funciones, se supone que existen técnicos y asesores
capaces de poner en marcha la normativa y dar respuesta a las necesidades de la
ciudadanía (al menos, en nómina están).
Me quejaba en este artículo del desprecio que
nuestros gobernantes tienen por la ciudadanía y pensaba que habríamos llegado
al fin, sin embargo, un año después, en abril de 2017 se mantiene la
incertidumbre e incluso se sigue publicando normativa. Insisto y repito: en
abril de 2017 se publica normativa sobre el desarrollo de las pruebas de acceso
a la Universidad que tendrán lugar en junio de 2017. Parece una broma pero
todos sabemos que es fruto de la improvisación, la incompetencia y del
desprecio a la ciudadanía, en consecuencia, es el colmo del despropósito.
Comencemos por el principio. La LOMCE de 2013
recogía la obligatoriedad de realizar pruebas externas para la obtención del
título de Bachillerato, lo que daba acceso a la Universidad, si bien dejaba
abierta la posibilidad de que algunas universidades organizaran pruebas
específicas. Estas pruebas externas fueron bautizadas por la ciudadanía y los
medios de comunicación como “Reválidas” pues seguían principios educativos de
otras épocas, del pasado. Generaron un importante malestar y un gran consenso
por parte de la ciudadanía para pedir que se derogaran de modo que nuestra
Administración Educativa tuvo que “recular” y eliminar las reválidas en
diciembre de 2016, manteniendo una selectividad similar a la de siempre solo
para el alumnado que desee acceder a la Universidad, no siendo necesaria ésta
para la obtención del título de Bachillerato. Es de justicia reconocer el
acierto de este nuevo posicionamiento del Ministerio al escuchar a la
ciudadanía y agradecer dicho gesto.
Así, entre los
exámenes de la primera evaluación y los turrones, el alumnado de segundo de
Bachillerato celebró la decisión del Ministerio, si bien su incertidumbre
aumentaba, al no conocer cómo sería entonces la prueba de acceso a la
Universidad. Sin embargo, antes de que acabara el bisiesto 2016, a toda prisa,
el Ministerio publicó la Orden
ECD/1941/2016 por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización
y de resolución de los procedimientos de revisión de las cualificaciones
obtenidas para el curso 2016-17.
Como vemos, se trata nuevamente de
una normativa válida para el presente curso 16-17 que vuelve a dejar en
situación de incertidumbre a quienes quieran acceder a la Universidad en el año
2018, alumnado que ahora cursa 1º de Bachillerato y que tiene derecho a saber
cómo va a ser su procedimiento de acceso a la Universidad, pues se trata del
motivo fundamental por el que han iniciado los estudios de Bachillerato. Pero
ahora nadie se acuerda de ellos…
Hasta el momento, observamos cómo
todo el proceso se ha caracterizado por la improvisación, prisas, cambios de
última hora, virajes en función de la presión de los medios, sin más
calificativos. Sin embargo, la vorágine no había comenzado aún, pues 2017 vino
cargado de continuos cambios y con la improvisación, el colmo del despropósito
y desprecio a la comunidad educativa por bandera.
En principio, podía parecer que se
volvía a la selectividad inicial sin más y que ésta era parecida, pero no es
así, las posibilidades de elección del alumnado se recortan mucho y con
respecto a la anterior prueba de acceso a la universidad realizada en 2016, las
novedades son las siguientes:
·
Es necesario examinarse obligatoriamente de la
1ª Lengua Extranjera de la que el alumno/a se matriculó en 2º de Bachillerato.
Un claro perjuicio para alumnado bilingüe o con doble nacionalidad, que hasta
2016 contaba con el derecho a elegir la lengua de la que examinarse. La
desproporción en la elección de idiomas en nuestros centros educativos es
evidente y claramente a favor de la lengua inglesa. Esta norma además,
contradice el empeño del sistema educativo español en hacerse plurilingüe
después del esfuerzo realizado en el último año por incrementar la enseñanza
del francés en la etapa de Educación Primaria. Parece que se redacta la
normativa por fascículos y quienes escriben de Bachillerato no se leen la
normativa sobre ESO y los de ESO sobre Primaria… ¿es o no es el colmo del
despropósito?
·
Es obligatorio examinarse de Historia de España,
en detrimento de la posibilidad de elegir entre Historia de España o Historia
de la Filosofía como llevaba haciéndose desde hace décadas. El perjuicio es
claro para la Filosofía que pasa a ser una materia de la que el alumnado puede
examinarse en la fase específica, únicamente para subir nota y solo válida para
los estudios afines a su rama de conocimiento. En ese caso, la falta de respeto
a la ciudadanía viene porque hay miles de alumnas y alumnos y profesorado
especialista en Filosofía que han estado preparando la materia desde el pasado
curso pensando en que ésta podría suponerles un beneficio en su calificación y
sin embargo, en enero de 2017 se enteran de que su esfuerzo ha sido en balde,
¿es o no es un desprecio al trabajo, al esfuerzo y a la personas que hacen sus
planes?
·
En la fase general (empleo la terminología 2016
porque es más clara) el alumnado también pierde posibilidades de elegir, pues
la materia de modalidad viene dada por el Ministerio, con lo que el alumnado
pierde la posibilidad de optimizar sus conocimientos orientando la prueba hacia
los estudios que pretende cursar. Por ejemplo, un estudiante interesado en
cursar una carrera de salud deberá examinarse obligatoriamente de Matemáticas
II, perdiendo la posibilidad de examinarse de Biología, cuando es la materia en
que se encuentra mejor preparado y más vinculada está con su itinerario
formativo y profesional. ¿Es o no un sinsentido que el alumnado deba examinarse
de la misma materia sin tener en cuenta la orientación de su carrera
profesional?, ¿se trata o no de un nuevo perjuicio para el alumnado?
·
Hay materias que simplemente no se recogen en la
prueba y de las que el alumnado no podrá examinarse. Las materias a las que nos
referimos son: Psicología, Tecnología Industrial o Literatura Universal. De
esta noticia, jarro de agua fría en pleno invierno, se entera el alumnado en
enero de 2017 a modo de regalo de Reyes Magos cuando regresa de las vacaciones
de Navidad. ¿Es justo preparar una materia para un examen específico para subir
nota y que a cinco meses vista, se comunique que no habrá examen de esa
materia?, estimados representantes políticos: “Eso se avisa en julio y uno no
se matricula de esa materia”, porque esa materia se iba a emplear para subir
nota. Señores y señoras responsables de la administración pública: “Eso no se
hace”.
Todas ellas, limitan las elecciones
del alumnado y no respetan la legítima estrategia que cada alumna y alumno
tiene de organizar sus exámenes de cara a obtener el mejor de los resultados,
cuando al fin y al cabo, se trata de eso, de obtener la máxima nota posible
para poder elegir, competir con los demás y obtener plaza en los estudios preferidos.
Este modelo de selectividad se
presenta como muy restrictivo pues limita que el alumno/a pueda diseñarse un
examen personalizado como venía ocurriendo desde hace décadas con la intención
de que cada estudiante orientara su acceso a la Universidad desde el
bachillerato y culminara sus decisiones en la prueba final. En consecuencia, de
nuevo se generan quejas por parte de los colectivos implicados. La solución no
parece convencer a nadie y en algunas comunidades autónomas se arbitran nuevos
“parches”, decisiones contrarreloj tomadas a finales de febrero de 2017, como
en el caso de Andalucía, donde se decide que el alumnado tenga la posibilidad
de examinarse de 6 materias más que las que prevé el Ministerio, recuperando
así: Análisis Musical II, Historia de la Música,
Tecnología Industrial II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Ciencias de
la Tierra y del Medio Ambiente y Dibujo Artístico; pero como dice el prospecto: “solo para uso en
Andalucía”.
De
nuevo, la administración educativa improvisa y da un viraje a golpe de
presiones de colectivos. No obstante, rectificar es de sabios y bendita sea la
decisión andaluza, que ha hecho justicia al trabajo y expectativas de miles de
estudiantes. Pero, como decían los antiguos dibujos animados. “no se vayan
todavía, que aún hay más”. A finales de abril de 2017, la Junta de Andalucía
nos tiene preparada una nueva improvisación: ahora será posible elegir el
idioma para el examen de la 1ª Lengua Extranjera de entre las siguientes:
portugués, francés, alemán, italiano e inglés. Nuevamente las presiones de
colectivos han conseguido sus objetivos, para claro beneficio del alumnado, por
lo que nos alegramos, aunque nadie se acuerda del alumnado que desechó desde
enero la intención de examinarse de francés y que ahora la retoma, nadie
tampoco le podrá resarcir de los momentos de desánimo e incertidumbre y de los
meses de estudio perdidos…
Desconozco si en otras comunidades
se está dando esta situación consistente en que la comunidad autónoma tenga que
“paliar” los daños causados por el Ministerio, pero algo mucho más contundente
que un susurro me dice que esto no está bien. Que determinados estudiantes de
una comunidad autónoma tengan un tipo de examen de acceso a la Universidad, tan
diferente de otros de su mismo Estado no es justo, porque la única diferencia
está en que su Comunidad Autónoma siga en mayor o menor medida las indicaciones
del Ministerio.
Tantas veces hemos solicitado que la
normativa sea estable en nuestro país que resulta cansado y cansino volver a pronunciarse
en el mismo sentido. Estamos hastiados de tanta improvisación, de tanta falta
de respeto a la ciudadanía, a unos chavales que se matriculan de Bachillerato
para ir a la Universidad y cumplir sus sueños y que tienen que iniciar la etapa
a ciegas, sin saber qué materias les resultarán más ventajosas ni cómo será ese
examen tan decisivo como es el de acceso a la Universidad, la clásica
selectividad que cambia de nombre y acrónimo con cada nueva normativa…
El pasado 1 de mayo de 2017, en la
conmemoración de la celebración del día de los trabajadores, los sindicatos
dijeron que en España, “la corrupción es insoportable”, del mismo modo, podemos
decir que “la incertidumbre es insoportable, la improvisación es insoportable,
la falta de respeto a la ciudadanía es insoportable”. Es lo mismo: personas que
acceden a puestos de gobierno en la administración pública que no saben, o no
quieren, o las dos cosas. Personas no comprometidas, a las que la ciudadanía no
les importa y así no, no, así no, porque estamos muy cansados, señoras y señores
representantes políticos. Esto es el colmo del despropósito.
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